Wálter Castedo (ex presidente de la Federación Boliviana de Fútbol) y Mauricio Méndez (ex presidente de la Liga), afirmaron ayer que se sienten seguros de ganar la apelación a la sentencia impuesta por un tribunal de justicia en Cochabamba, respecto a la presunta apropiación de los terrenos del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la localidad de Vinto-Cochabamba. La sentencia castigó a los dos con tres años de cárcel.
Castedo justificó que el juicio prescribió por tratarse de más de ocho años y Méndez, argumentó que el juicio está mal preparado porque tanto él como el otro acusado, no son funcionarios públicos para ser juzgados como si trabajaran para el Estado, cuando prestaron sus servicios para una entidad particular como es la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).
Castedo y Méndez, fueron sentenciados el pasado lunes, a tres años de prisión por presuntamente apropiación de 10 hectáreas pertenecientes al municipio de Vinto. Castedo, dijo: “Vamos a apelar porque la Constitución Política del Estado nos faculta, tenemos dos instancias más, vamos a apelar metiendo las pruebas necesarias, porque en la anterior etapa del juicio tuvimos indefensión, básicamente no hicieron lo que tenían que hacer los abogados y por eso se dio estos resultados”.
A su turno, Méndez aseguró que el caso fue tratado como si fuera un peculado (malversación de fondos públicos) y no lo es porque ellos nunca trabajaron para el Estado.
“Hace dos semanas nosotros presentamos un incidente (recurso judicial) en el sentido de que no podíamos ser juzgados bajo una situación que es peculado que es para funcionarios públicos, para aquellas personas que reciben un salario del Estado y tal como lo dijo el propio fiscal la Federación Boliviana de Fútbol es una entidad privada, con personería jurídica privada y los jueces creo que no entienden absolutamente nada de fútbol y quizás es la razón de que fallaron como fallaron y no dieron lugar a nuestro incidente, o sea es una inequidad ser juzgados como funcionarios públicos”, apuntó.
Méndez, aclaró que la FBF nunca inscribió los terrenos como de su propiedad, y quién inició los trámites de registro fue el propio INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) y que incluso fue el propio Presidente Evo Morales quien firmó la titulación de las tierras que posteriormente fueron reinscritas a nombre de la FBF, la Gobernación y el CAR.
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