La asesora legal de la UMSS, Magdalena Fernández, indicó que por este mismo caso la denuncia será ampliada al Ministerio Público contra tres personas más por el delito de incumplimiento de deberes.
Los procesados serán la exdirectora de la carrera de Psicología Rosalba Guzmán, el director académico, Francisco Bayá y la decana de la Facultad de Humanidades, Katia Cladera. Las tres personas firmaron la planilla general de asistencia a clases de López durante el primer semestre de 2016 y eran los encargados de vigilar y hacer el seguimiento de la presencia de López en clases.
Las planillas aprobadas por esas autoridades fueron enviadas a la Dirección de Personal Académico, que incurrió en el error de pagarle el sueldo completo durante 11 meses al docente.
El rector de la UMSS, Juan Ríos del Prado, anunció ayer que hasta el viernes podría estar lista la destitución del docente, que actualmente tiene detención domiciliaria por estar acusado de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
Ríos dijo que en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) debe dar cumplimiento a la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y a la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz porque además el docente no cumplió con lo establecido en la Ley General del Trabajo que indica que el máximo de faltas es de 3 días continuos y 6 días discontinuos.
La decisión también está basada en los documentos de la Dirección Nacional de Migración, que registra las salidas internacionales, y los reportes de viajes al interior del país de Boliviana de Aviación y Transporte Aéreo Militar.
Rolando López tenía clases de lunes a sábado durante los dos semestres de 2016. La mayoría eran por la mañana.
La asesora legal dijo que a nadie se le puede tolerar que tenga tantas faltas y que todavía pueda cobrar su sueldo completo.
Destacó que existen las pruebas suficientes para respaldar las ausencias del docente y que no se habrían percatado de esta situación de no ser por los informes de los viajes, ya que los registros de asistencia que él tenía estaban completos, aunque con distintas firmas cada día.
Entonces lo que se hizo en la Unidad de Asesoría Legal fue cruzar información de las planillas con los informes de Migración y las aerolíneas para saber cuantas veces faltó.
Por ejemplo, un día lunes cuando tenía clases a las 8:15 horas aparece su firma en el registro de asistencia a la UMSS, y a la misma hora viajó a Santa Cruz.
En otra fecha se tomó la atribución de adelantar su clase al primer periodo de la jornada (6:45 horas) sin el permiso de ninguna autoridad. Al finalizar esa clase, tomó un vuelo.
“En todas las partes del registro de asistencia hay un montón de firmas diferentes. Él alegó que fueron sus auxiliares los que rubricaron, pero no tenía auxiliaturas nombradas desde su Facultad”.
EL PROCESO El 8 de noviembre, OPINIÓN publicó que López viajó a Estados Unidos a la Copa América Centenario, que se desarrolló del 3 al 26 de junio.
Durante ese tiempo sus planillas de asistencia en la universidad aparecían firmadas y cobró su sueldo de 21.482 bolivianos por ese mes. Tres días después de la publicación, el secretario de Deportes de la Asociación de Fútbol de Cochabamba, Juan José Equilea, presentó la denuncia formal a la Fiscalía contra el catedrático por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
El 28 de noviembre López acudió a su declaración informativa y fue trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en calidad de arrestado para no perjudicar en la investigación y evitar su fuga, ya que ese día debía viajar a Montevideo, Uruguay.
El 30 de noviembre, un juez determinó su arresto domiciliario, sin derecho a realizar sus actividades laborales en la UMSS.
Pedirán detención en la cárcel
La asesora legal de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Magdalena Fernández, manifestó que esta semana también se solicitará al Juzgado que revoque la medida de la detención domiciliaria de Rolando López.
“Lo que queremos es que el vaya a una cárcel pública, porque los delitos que ha cometido son graves”.
El 4 de enero el docente acudió a una audiencia de apelación de la detención domiciliaria.
Solicitaba poder defenderse en libertad, pero la jueza de la Sala Penal Primera, Nuria Gonzales, ratificó esa medida cautelar y le pidió que para ejercer nuevamente su derecho al trabajo como docente debía presentar una certificación de ese trabajo y el horario de clases.
Ambos documentos los debía solicitar a la Facultad de Humanidades, pero la asesora legal manifestó que no serán emitidos por ninguna autoridad.
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