¿Hay intervención del Estado?

Tuvo que destaparse una investigación internacional por sobornos en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para que en Bolivia se inicie un proceso contra el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Carlos Chávez, y los dirigentes Alberto Lozada, Jorge Justiniano y Pedro Zambrano.

Son seis delitos en al menos 10 conductas delictivas que investiga el Ministerio Público y que habrían cometido los dirigentes de la FBF. Ahora nace la interrogante de si esta investigación es una intervención a la FBF.

De existir intervención, Bolivia se expone a sanciones de la FIFA, entre ellas la suspensión, lo que privaría al país de competir a nivel internacional. De no haberla, marcaría un precedente y mostraría que los dirigentes del fútbol no tienen fuero alguno ante la justicia.

El artículo 13 del estatuto de la FIFA define que las Federaciones tienen la obligación de "administrar sus asuntos de forma independiente y asegurarse de que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos", caso contrario derivarán en sanciones.

Los investigadores y denunciantes insisten que la investigación no es a la FBF, sino a las conductas de las personas que están en esa instancia, por ese argumento no se puede considerar el proceso como una intervención a la entidad que regula en fútbol en el país.

La "conducta personal" no tiene que ver con la conducta del dirigente, explicó por su lado el tesorero de la FBF y dirigente del club Bolívar, Wálter Zuleta. Bajo esa explicación, no existe una intervención, porque es la persona la investigada, no la institución.

Tampoco se puede considerar una intervención del Gobierno a la FBF, porque, según el ministro de Deportes, Tito Montaño, no hay un funcionario público que esté en oficinas de la Federación, sino una investigación encabezada por la Fiscalía. "Lo que existe es una investigación a los dirigentes de la FBF por actos irregulares que habrían cometido en el desempeño de sus funciones", subrayó.

Al respecto, el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, señaló días atrás que la investigación no contempla una intervención porque se investiga, entre otras conductas, "los dineros que se han percibido" en la FBF y "la forma cómo se han dispuesto".

Son un total de seis delitos que son investigados contra Chávez y compañía: organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, delitos tributarios y estafa con la agravante de víctimas múltiples.

Alberto Tico Lozada fue uno de los primeros en señalar que el proceso del Ministerio Público sí es una intervención a la FBF. A su juicio, la Federación no es una entidad pública para que puedan investigar, por ejemplo, sus cuentas "particulares".

El argumento del dirigente se justifica en el citado artículo 13. Bajo ese concepto, Lozada señaló que ésta sería una intervención del Estado a través del Ministerio Público.

En la parte del derecho, el abogado de Chávez, Jaime Tapia, también explicó que este proceso puede considerarse como una intervención porque, cuando la Fiscalía justificó la detención preventiva contra su defendido, alegó como un riesgo procesal la condición de presidente de la FBF que ostentaba Chávez.